Por decisión de la Sala de Casación Penal del TSJ, el proceso judicial sobre el femicidio de Ángela Aguirre fue sacado del estado Bolívar.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia emitió este 4 de junio una sentencia en la que ordenó sustraer del estado Bolívar, la causa sobre el femicidio de la adolescente Ángela Aguirre, para ser asignado a un Tribunal de Control con Competencia en Violencia contra la Mujer en Caracas.

La sentencia mantiene la medida de privativa de libertad contra Joselyn Barreto, Dayana Nicieza, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Glauber Zorrilla, José Zorrilla, imputados por la presunta comisión de los delitos de cómplices necesarios en el delito de femicidio agravado, delito imputado a un séptimo detenido, José Cedeño.

La radicación de la causa se dio luego de las últimas denuncias de la defensa de la víctima, en la que hicieron mención al incumplimiento, por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), del traslado de los imputados a los sitios de reclusión asignados por el Tribunal Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer, en Puerto Ordaz.

El 28 de mayo, la abogada querellante Yamileth Carvajal consignó una interposición de escrito de acusación privada contra de los siete imputados. Este día se venció el lapso que solicitó la defensa de los imputados de estar detenidos los hombres en Cicpc.

La defensa exigió acatar la orden directa del tribunal y no seguir retrasando el traslado: la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, para los cinco hombres; y la comisaría de Vizcaíno en San Félix, para las dos mujeres.

Desde el hallazgo del cuerpo de Ángela en aguas del río Caroní, el pasado 26 de marzo, tras su desaparición ocurrida la noche del 23 de ese mes, el caso ha estado lleno de irregularidades.

Durante las pesquisas realizadas por el Cicpc también se designó a una comisión especial de la División de Homicidios de Caracas, dirigida por Douglas Rico. La primera autopsia que llevó esta institución determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por inmersión, lesiones en partes íntimas y hematomas en varias zonas del cuerpo.

Rico descartó que estas lesiones fuesen producto de agentes externos en el río, y aseguró que el examen forense pudo determinar que fueron provocadas por una persona.

Sin embargo, de parte de Fiscalía también se asignaron fiscales con competencia nacional. Entonces vino una segunda autopsia que contradijo la ya realizada, y la cual favorecía a los siete detenidos, quienes estuvieron esa noche con Ángela en la isla La Terecaya, cuando zarparon desde la marina del Centro Ítalo de Puerto Ordaz en la lancha La Kaki.

Denuncias de presuntos sobornos y la intención de liberar a los detenidos, presentados después de cuatro diferimientos, llevaron a que la parte querellante recusara a la fiscal Emily Hernández, quien había solicitado la declinación de competencia del tribunal en materia de violencia de género y pasarlo a uno de control, el cual también se declaró incompetente. Esto pasó al TSJ, el cual decidió que la causa la llevara el Tribunal del Juzgado Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer.

La audiencia de presentación se realizó justo días antes en que se filtrara un audio atribuido a Ángela Aguirre, en el que se escuchaba llorando y acusaba a José Cedeño de haberla abusado sexualmente. Cumplidos los 45 días para que Fiscalía presente los actos conclusivos, se espera por la fecha de audiencia preliminar de los siete imputados, en la que se determinará si el caso pasa a juicio o hay sobreseimiento de la causa.