“Me están cobrando que haya sido un dirigente sindical irreverente, me están cobrando que sea un dirigente que lucha por los trabajadores”, expresó el secretario general de Sintraferrominera, tras salir del Tribunal Militar que lo sentenció a más de 5 años de prisión.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Se levantó, alzó las manos y dijo: “Dios, en ti pongo mi destino, el que la hace la va a pagar”. Al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, le acababan de dictar sentencia de 5 años y 9 meses de prisión por los delitos de ultraje al centinela y ultraje a las Fuerzas Armadas.

Era las 2:30 de la tarde de este martes, 13 de agosto de 2019, la segunda sentencia judicial que recibe como dirigente sindical, uno de los más representativos de las industrias de metales al sur del país.

En ese momento, el juez Alexis Baloa ordenó que sacaran al preso de la sala del Tribunal Militar Décimo Quinto de Control del estado Monagas. Esta instancia llevó inconstitucionalmente el caso, tras la detención de González en la madrugada del 29 de noviembre de 2018 por un hecho ocurrido tres meses antes que terminó en violencia: una protesta laboral en Ciudad Piar, epicentro de los yacimientos de mineral de hierro, en contra del desconocimiento de los tabuladores salariales de la estatal del hierro.

González, un trabajador de 60 años de edad y con más de tres décadas de servicio en la estatal Ferrominera Orinoco, necesitaba desahogarse, señala el abogado defensor Jorge Machuca, un sidorista que integró -en un hecho inédito- la parte defensora.

Se sentía mal. Cuando lo sacaban dijo, en tono alto, que le cobraban lo que expresó en Caracas tras una marcha laboral de la que regresaba cuando fue apresado: “Maduro, la mejor felicidad que tienen los venezolanos es que te vayas ahorita en Navidad”. Faltaba solo un mes, entonces, para las fiestas navideñas y los trabajadores reclamaban el cumplimiento de los contratos colectivos.

“‘Me están cobrando que haya sido un dirigente sindical irreverente, me están cobrando que sea un dirigente que lucha por los trabajadores y que en estos momentos estoy logrando que los trabajadores entiendan que con este régimen no se puede seguir viviendo’… esas palabras me las dijo ayer (martes) cuando lo sacaron del tribunal”, expresó Machuca este miércoles, rodeado de trabajadores de las industrias de Guayana.

La audiencia estaba pautada para las 9:00 de la mañana, pero se postergó hasta pasadas las 10:00 de la mañana. Minutos antes de entrar a la sala, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que mantenía custodiado el recinto, sacó a familiares y trabajadores que esperaban por el inicio de la audiencia oral y pública, otra acción ilegal.

Machuca preguntó qué ocurría y por qué. Le respondieron que por ser una sede militar debían retirarse. “Esto es una institución militar y recibí órdenes de sacarlos”, dijo el uniformado. No había ocurrido en las audiencias previas. De ese modo, fueron desalojados familiares y trabajadores y solo se permitió la presencia de los abogados defensores. La sala estaba prácticamente vacía. González llegó esposado.


Trabajadores rechazaron la sentencia en contra del dirigente sindical Rubén González | Foto cortesía
     

La fiscal del Ministerio Público había llamado al Dgcim alegando la presencia de un “criminal de alta peligrosidad” que había generado un altercado en la audiencia anterior, aseguró el abogado defensor. “Allí estaban los custodios de Rubén González y hubo una confrontación entre ellos y el Dgcim. Los custodios le dijeron que no había ningún delincuente, sino un trabajador preso, un ciudadano normal. Por eso no pasó a mayores”, señaló.

González le pidió al juez diferir la audiencia pues faltaba, por enfermedad, el abogado Félix Rosas. No hubo respuesta positiva a la petición. La defensa estaba expectante y sentía que el diferimiento reciente -hace una semana- de la tercera audiencia y el viaje a Caracas de la parte acusadora era determinante. “El resultado de ese viaje fue componer de forma numérica un resultado para que se mantuviera al hombre en prisión”.

Machuca reiteró que la defensa había demostrado que los tres delitos: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a las Fuerzas Armadas no existieron, pues no había centinelas en el conflicto de agosto de 2018 en Ciudad Piar, cuando guardias nacionales instaron al dirigente sindical a acompañarlos al comando militar. Luego de negarse, los uniformados irrumpieron violentamente en la casa del dirigente sindical. El delito de ataque al centinela suponía una pena de 14 a 20 años.

El juez procede a leer el fallo. Indica que el tribunal absuelve a González del delito de ataque al centinela, pero sostienen el delito de ultraje al centinela y ultraje a las Fuerzas Armadas con una pena de 5 años y nueve meses. “Pero ¿cómo va a haber ultraje al centinela sino hay ataque al centinela?”, se pregunta Machuca, quien manifiesta que “mantuvieron los otros dos delitos para mantener la pena de 5 años y nueve meses”. Como la pena es superior a los cinco años, el dirigente sindical debe permanecer en prisión, una vez más.

Machuca reiteró que no hubo equilibrio procesal y una prueba de ello es que la fiscal Karelis Núñez tenía un transporte provisto por la estatal Ferrominera Orinoco. “¿Quién puede tener equilibrio procesal para hacer una investigación? Denunciamos que la Fiscalía Militar no tuvo equilibrio en la certeza jurídica porque fue sesgada totalmente la investigación y los hechos que ocurrieron en la casa de Rubén no fueron ni siquiera plasmados en la acusación fiscal y eso lo cuestionamos”.

Tras la protesta laboral de agosto de 2018 que dio pie a la detención de González, guardias nacionales acudieron a su casa en Ciudad Piar, ingresaron violentamente rompiendo una pared e, incluso, agredieron físicamente a la nuera del dirigente sindical que estaba embarazada. “Con esto, el parto se adelantó a los pocos días y los gemelos que nacieron murieron, ¿a quién metemos presos? ¿a quién culpamos?”, cuestionó la defensa en febrero de 2019.

El abogado aseguró que la sentencia responde a una orden política del presidente de facto Nicolás Maduro; el ministro de Industrias Tareck El Aissami y el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado, así como de los sindicalistas cómplices de las empresas de Guayana, entre los que mencionó a Pedro Perales, José Meléndez, José Gil, Ángel Marcano, Alfredo Spooner y Eleuterio León, adeptos al oficialismo. “Sobre ellos recae este peso de la historia y la traición a este movimiento de trabajadores”, agregó.

“Rubén es un preso de conciencia”, insistió.

La defensa espera que en 10 días sea publicada la sentencia. En el fallo podrán ver la narración de los hechos, así como los elementos para apelar la sentencia y llevarla a los organismos internacionales.

Ya en enero de 2011, durante la primera detención asociada a una huelga de 15 días -en agosto de 2009- en la estatal Ferrominera por el incumplimiento de la convención colectiva de trabajo, la Human Rights Foundation (HRF) había declarado a González prisionero de conciencia y pidió su liberación inmediata. En esa oportunidad, González permaneció detenido hasta febrero de 2011 cuando fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión. Días después la sentencia fue anulada.

Ocho años después, la persecución se repite, pero en un contexto de debilitamiento de las organizaciones sindicales en extremo y una mayor escalada de la represión estatal en contra de los trabajadores.

Template by JoomlaShine