Miércoles, 29 Agosto 2018 00:00

Fiscalizaciones y detenciones arbitrarias de comerciantes inciden nuevamente en el desabastecimiento de anaqueles

 
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Según información de la Alcaldía de Caroní, 20 comercios son fiscalizados diariamente Según información de la Alcaldía de Caroní, 20 comercios son fiscalizados diariamente Foto William Urdaneta

Anaqueles vacíos o comercios con largas colas. Otro resultado de las medidas económicas gubernamentales. Al menos 11 comerciantes han sido detenidos por irregularidades en los precios de venta de sus productos. Las regularizaciones nuevamente imponen la anarquía para conseguir alimentos. Las fiscalizaciones, por otro lado, no se extienden a todo el sector económico que bajo la mirada cómplice de las autoridades mantienen el descontrol de la economía. “Ningún comerciante en ninguna parte del mundo quiere trabajar a pérdida. Ante la ola de escarnio público, han dicho para qué trabajar con esos alimentos, y lo que han hecho es parar los pedidos”, alegó el presidente de Camcaroní.

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La semana pasada, tres comercios de la UD-145, en San Félix, fueron cerrados luego de las fiscalizaciones de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). Esta semana se contabilizan al menos 11 detenciones de comerciantes cuyos establecimientos fueron inspeccionados junto con el Ministerio Público, Guardia y Policía Nacional.

Las aprehensiones arbitrarias fueron hechas porque, de acuerdo con los funcionarios del régimen, los empresarios violentaron el artículo 51 de la Ley de Precios Justos, en relación a la venta de productos o prestación de servicios a precios superiores fijados por la Sundde.

Uno de los detenidos de manera preventiva fue Fernando Goncalves, dueño del Supermercado Santa María de la parroquia Cachamay en Puerto Ordaz. De acuerdo con el parte oficial, se evidenció una alteración de precios de los productos Sal Bahía de 900 gramos y Vinagre Heinz en su presentación de un litro.

Otro de los apresados es Carlos García Parra, del establecimiento comercial Massa, ubicado en la zona industrial Unare II de Puerto Ordaz. El parte de las autoridades indica que además de la alteración en los precios de leche condensada Natulac en su presentación de 397 gramos, tampoco contaban con la permisología del Seniat para la comercialización de 25 cajas de licores.

Otros comercios fiscalizados y con detenciones de sus representantes fueron: Inversiones J y D, Supermercado Casa Mía C.A., Distribuidor La Tormenta 2017 C.A., Inversiones Mundarain 21, y Servicios y Suministros La Gran Solución Grado 33 C.A.

Más desabastecimiento

Mientras un sector aplaude las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, otro sector importante cuestiona sus resultados inmediatos: cierre de negocios, escasez, desabastecimiento y nuevamente las largas colas por comida. Eso y más bachaqueo, porque mientras regulan precios a comercios formales, esto no ha mermado el descontrol en la venta según el método de pago, mucho más económico cuando es en efectivo.

Los pocos establecimientos abiertos tienen muy poco que ofertar a los consumidores, y donde hay productos, las colas -apenas para entrar- son inmensas.

El presidente de Camcaroní, David Bermúdez, señaló que lo que cuestionan de las fiscalizaciones es la forma como se está llevando a cabo el procedimiento, en el que criminalizan la actividad comercial y ponen al escarnio público a sus dueños, en comparación con la protección que reciben delincuentes comunes.

Por otra parte, destaca también que los principales afectados son los consumidores, en vista de un aumento de la escasez y el desabastecimiento, ya que lejos de mejorar la situación económica, las medidas llevarían a que los comerciantes dejen de trabajar con los productos regulados.

“Ningún comerciante en ninguna parte del mundo quiere trabajar a pérdida. Ante la ola de escarnio público, han dicho para qué trabajar con esos alimentos, y lo que han hecho es parar los pedidos, lo que hará que haya menos oferta de productos. La economía no se gobierna, se estimula”, puntualizó.

El blanco del régimen son los comerciantes, obligados a vender a precios justos, pero estas regulaciones no se extienden al fondo del problema, la hiperinflación. Sin embargo, sí autoriza otros aumentos como el precio del pasaje del transporte público, que también es incumplido y sin ningún tipo de control.

“¿Por qué los aumentos para unos sí y otros no?”, cuestiona Bermúdez, al tiempo que recuerda que frente a una hiperinflación, no se puede pretender actuar como si se tuviera una economía normal.

“Lo que queremos es que se haga un esfuerzo para que el poder adquisitivo no se siga dilapidando. Y no vas a parar la inflación metiendo presos a los comerciantes”.

Frente a las acciones gubernamentales, cuestiona que “en vez de estimular a que la gente trabaje con alimentos, se está haciendo lo contrario”.

Fiscalizaciones diarias

De acuerdo con la Alcaldía de Caroní, más de 20 establecimientos se inspeccionan a diario. En el municipio -dijo Yasmín Chaurán, secretaria de Gestión Económica Caroní- hay un poco más de 37 mil establecimientos, de los cuales 5.300 expenden alimentos.

“Celebramos la práctica económica y el apego a las leyes de los comerciantes, el llamado es a quienes tienen los establecimientos cerrados, porque tomaremos acciones correspondientes, que van desde la revocatoria de la licencia de actividades económicas, hasta la recuperación de locales, con apoyo del Ministerio Público”, advirtió.

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